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Responsabilidad social del periodista ante el proceso de paz en el País Vasco

Dr. Arturo Cadenas Iturriozbeitia

Profesor del CESAG

Resumen: El periodista, en aras a su responsabilidad social, debería contrapesar con su labor crítica la influencia de una ideología social relativista, desde la cual se defiende que “es conveniente ceder al mundo de con ETA aunque ponga condiciones para la paz”. El ejercicio del derecho a la libertad de prensa debe, mediante argumentos racionales, contraponerse a dicha ideología (que pudiera ser aprovechada por ciertas estrategias políticas), pues diluye el sentimiento de indignación por la atrocidad y genera indiferencia frente a la injusticia.

Palabras clave: relativismo, responsabilidad, información, paz, terrorismo, libertad de expresión.

1-    Introducción

El derecho a la libertad de expresión en el derecho español (artículo 20.1.a) de la Constitución) reconoce la libertad del individuo para expresarse, y sirve, desde su dimensión de libertad pública o institucional, al interés general de los ciudadanos y a sus normas de convivencia política. El Tribunal Constitucional (en sentencia 104/1986; 6/1981, de 16 de marzo; STC 159/1986 y STC 51/1989) declara expresamente que la libertad de expresión es una libertad institucional y preferente, ya que es un instrumento de control de los poderes públicos, a través de ella se realizan los valores y fines constitucionales y es un instrumento de optimización del sistema demoliberal. Su ejercicio en la forma de crítica política, materializa uno de los valores fundamentales de la constitución, como es el pluralismo político.(1)

Con relación al derecho a la libertad de información, los Tratados Internacionales más relevantes en materia de derechos humanos, tales como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, de 1966, o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, lo recogen como una prolongación del de libertad de expresión. En España, a nivel constitucional y jurisprudencial, se reconoce la fuerte conexión de origen entre el derecho a la libertad de expresión y el de libertad de información, pero la práctica doctrinal y judicial los plantea como derechos diferentes. En tal sentido, el derecho a la libertad de información –artículo 20.1.d) de la Constitución- ha de ser entendido como el derecho a comunicar hechos o sucesos veraces por cualquier medio de difusión, pero también integra el derecho del ciudadano a ser informado verazmente.

No obstante lo anterior, en España como en cualquier otro Estado de Derecho, puede entenderse la actividad periodística en un sentido amplio (en un sentido afín al clásico derecho a la Libertad de prensa), lo que abarcaría la valoración toda de la actualidad sobre la que se informa, fundamentalmente la que se refiere a la crítica política, haciendo suyas las características de la libertad de expresión. Por tanto, el derecho a la libertad de información pudiera entenderse desde las características distintivas de la libertad de expresión, pero estrechando su ejercicio lícito de acuerdo con la exigencia de veracidad.

Hablamos de una actividad periodística (siempre entendida en ese sentido amplio) que, como se ha recordado anteriormente, ha sido identificada de manera reiterada por el Tribunal Constitucional como un pilar estructural de la optimización del sistema democrático liberal. Obviamente, dicho Tribunal asume la idea de que los medios de comunicación de masas son auténticos “constructores” sociales de visiones del mundo, por lo que contribuyen a la optimización o a la disfunción del sistema con su tratamiento de la información. La información plural contribuye decisivamente a configurar una sociedad libre, la crítica pública a gobiernos, religiones o ideologías, enriquece el campo de las ideas políticas o artísticas y alienta el disentimiento o el respaldo justificado ante verdades sociales, sean o no oficiales. Ello requiere de un sistema informativo estructuralmente orientado hacia la promoción y defensa de valores moralmente nada neutralistas.

 

2-    Responsabilidad social del periodista y el peligro relativista.

Como se ha mencionado, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es clara y concluyente: las libertades del artículo 20 no son únicamente derechos fundamentales, sino que gozan de un tratamiento preferente con relación a otros derechos como los derechos de la personalidad y los referidos a los colectivos de cualquier tipo. Así, no sólo hablamos de derechos fundamentales sino de la garantía de la formación de una opinión pública libre, valor ligado al pluralismo político, a un modelo de convivencia social respetuoso con la libertad de los individuos.(2) De ahí que, además de ser considerados como derechos subjetivos, sean también instituciones fundamentales del estado de derecho. La protección excepcional que reciben es, por tanto, el resultado de concebirse desde el ejercicio de la actividad particular del periodista en conexión con el derecho del ciudadano a recibir la mejor información, lo que redunda en optimización del sistema en su conjunto.

Esta especial protección jurídica no se materializa únicamente en la prevalencia que, en principio, tienen los derechos a la libertad de expresión y de información frente a los derechos de la personalidad (honor, intimidad personal y familiar, propia imagen del artículo 18 de la CE), sino que se extiende el derecho a la cláusula de conciencia y el derecho al secreto profesional (art. 20.1.d) CE), a la prohibición de la censura previa(art. 20.2 CE) y la prohibición del secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información, excepto por resolución judicial (art. 20.5 CE).(3)

Por todo ello, la excepcionalidad del estatus de la actividad periodística puede entenderse vinculada a un deber ético general, relativo a su contribución a la más amplia libertad de la sociedad abierta de la que forma parte, cuyo sistema de libertades se vería en peligro sin el empeño de los comunicadores en fortalecerla.

Un gran peligro para la libertad de prensa, por la confusión que genera desde la perspectiva de su función social, es el que procura el relativismo del “nada es verdad ni mentira”, una ideología que se sostiene sobre una máxima, en absoluto autoevidente, pero que erosiona los criterios de relevancia, en especial los de dimensión ética. Algo especialmente pernicioso en la actividad periodística, puesto que, sin criterios de relevancia se carece de competencia para arrojar luz sobre un asunto complejo; así como para realizar un reportaje que denuncie una injusticia. Nadie puede ser un buen profesional de la comunicación sin criterios de relevancia, que no son solo técnicos o prudenciales, sino éticos.

La labor del comunicador tampoco se puede separar del valor en su acepción de vigor moral a la hora de acometer empresas que requieren coraje, la cualidad del valiente.(4)  Una pregunta acucia hoy a los profesionales de la comunicación ¿hasta dónde se puede escribir, dibujar, contar? Y la respuesta a esta pregunta implica formación cultural, técnica, jurídica, sin duda, pero también moral, entre otros motivos, para decidir responsablemente sobre si todo lo que puede hacerse debe ser hecho.

Es por ello que, entre otras cosas, la formación universitaria pretende dotar a los futuros profesionales de la comunicación de capacidad de elección y de espíritu crítico, a fin de transmitirles un cierto inconformismo ilustrado, imprescindible para no renunciar a la diatriba de decidir por ellos mismos ante situaciones que requieran de dicho coraje.

Me refiero al conflicto personal de dar presencia social a un acontecimiento y valorarlo en su caso, un dilema que pudiera afectar sensibilidades de personas y/o colectivos, a sus convicciones más concretamente. La respuesta al conflicto que padecerá el profesional de la comunicación deberá respondérsela él en conciencia de manera prudencial (limites jurídicos principalmente) y moral. 

Este dilema, fundamentalmente cuando es complejo y va referido a la base ético-política del sistema, está siendo escamoteado de continuo por fáciles eslóganes políticamente correctos, desde los que se rechaza criterio alguno de corrección moral: “respetar todas las opiniones”, “nadie tiene más razón que nadie”, etc. Dogmas relativistas que conducen a graves confusiones tendentes a colapsar el significado de grandes conceptos como diálogo o tolerancia, por ejemplo. Por ejemplo, según esta visión, estar por el “diálogo” conduciría a no excluir a interlocutor alguno, sin caer en la cuenta de que ciertos interlocutores pueden buscar como objetivo la destrucción del sistema; o que, estar por la tolerancia, por ejemplo, implicaría el deber de respetar cualquier punto de vista, sin caer en que ciertos puntos de vista se postulan desde la exigencia de anulación del otro.

Me refiero a esa forma de relativismo como “ideología social dominante” que, como recuerda G. Robles, impera en las democracias modernas, instaurando la creencia de que no es posible enjuiciar la corrección ética de un punto de vista diferente al nuestro porque el sesgo valorativo depende del punto de vista cultural del observador.(5)

 

La ideología relativista juega en el terreno del enflaquecimiento moral de una sociedad en la que ha fraguado la intocabilidad de, por ejemplo, ciertos mitos nacionalistas. Su tendencia es claramente liberticida, pues la petición de “pulcra neutralidad” para quien dice no tener “mejores razones que nadie”, fomenta una pasiva autolimitación ciudadana que posterga indefinidamente la discusión sobre la defensa del sistema, cuando fenómenos desestabilizadores impactan sobre el mismo.

Tomando como dramático ejemplo el llamado “proceso de paz” con el mundo etarra, la ideología relativista funciona como coartada ideológica para dicho mundo cegando la visión crítica, cuando desde el interior de nuestra sociedad abierta, reclama privilegios o inmunidad moral. Es toda una barrera que puede anestesiar el juicio moral de quienes «comprenden las razones» de su barbarie, le buscan una razonable explicación o pretenden una paz a cualquier precio, negándose a observar que las verdades colectivas desde las que se sustentan como grupo, sostienen la negación real de los derechos humanos y conducen hacia un proceso “sin vencedores ni vencidos”.

La ortodoxia relativista funciona aprovechando y favoreciendo una ideología que no supone un mero reconocimiento de la diversidad, sino que se asemeja a un proyecto deshacedor de inteligencias. Una ideología peligrosa para el Estado de Derecho, en el que muchos ciudadanos acaban por no creer. La actitud relativista acompleja al ciudadano, inhibiéndole, temeroso de quebrantar los dictados de la corrección política y obstaculizando la visualización de los problemas.

La ideología relativista ha podido internalizarse profundamente en la sociedad. Ese continuo tono comprendedor con las razones de los intolerantes, ese ternurismo ajeno al deber de defender nuestros valores frente a contravalores, ha confirmado a muchos en  su rechazo hacia el sistema, ha eximido al ignorante de informarse cabalmente, ha respaldado el escapismo del que vegeta tras el velo de la corrección política y ha excusado al indiferente por su irresponsabilidad.

Sin embargo, para luchar por los valores liberal-democráticos, función última por la que los derechos a la libertad de información y de expresión en España alcanzan la dimensión de libertades institucionales, no puede pensarse en nada mejor que no sea asumir los deberes, los que asumimos en nuestra vida privada y como profesionales, los derivados de la lealtad hacia un sistema que propicia las condiciones para el desarrollo de la vida digna de los individuos.

 

3-    La falsa virtud de la neutralidad periodística frente al proceso de paz con ETA.

Traducido en norma de corrección política, el pensamiento relativista inyecta máximas que, con todo derecho puede defender un particular, pero que resultan devastadoras para el correcto ejercicio de la actividad periodística, como que todas las ideas políticas son respetables, las ideas no llevan pistola, etc. Esta postura denota blandura intelectual y amnesia, pues olvida que la ideología liberticida y criminógena que subyace al mundo de ETA no desaparecerá porque se declare unilateralmente una “tregua”.  ETA y su mundo han defendido precisamente ideas, ideas que han fomentado el desprecio y la indiferencia ante el dolor y el miedo, ideas que condenaban a muerte a las personas y, desde luego, ideas que abominaban del derecho a la libertad de prensa.

Un periodista no puede caer bien a todo el mundo pasando por neutralista; no solamente porque, al hacerlo, defrauda la función más noble de su profesión anteriormente explicada, sino porque, sencillamente, hace el ridículo al conceder respetabilidad a las ideas de unos individuos que, llegado el caso, hubiesen justificado su propio asesinato por llevarles la contraria.

Pero el argumento va más allá. La prensa debe, en aras a su función social, inseparable de la citada dimensión ética, tratar de impedir que el criminal se salga con la suya, obtenga ventaja alguna o se humille a las víctimas. Alrededor de cada asesinado por ETA se acumula un dolor irreparable, un dolor que sólo puede mitigarse si la sociedad española se relanza desde los valores por los que aquellos murieron, defendiendo nuestro sistema de libertades.

Hoy asistimos a la trasformación de los objetivos políticos de ETA en condiciones para la paz. El mundo de Bildu sigue omitiendo la condena directa del expolio, del terror o de los asesinatos de ETA. No han entregado las armas, al revés, siguen almacenando su operativo criminal, lo que, en la práctica supone una amenaza latente, como nos recuerdan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o, recientemente, el propio fiscal de París Francois Molins: “ETA conserva todo su potencial militar, armas, explosivos y métodos de falsificación de matrículas”.(6)

Por eso, el periodista que, anclado en una suerte de errado progresismo, abogue por el manido “comprender las distintas sensibilidades”, o que, en aras a una absurda corrección política trate de situarse entre los “dos extremos del conflicto”, se situará entre las víctimas y los verdugos.

La imparcialidad, siguiendo a J. Rawls (7), entendida como cualidad individual vinculada al juicio moral, no implica en absoluto neutralismo, y la tolerancia no promueve la indulgencia ni se muestra olvidadiza con los crímenes; al contrario, clama por un tratamiento justo hacia los intolerantes, acorde con su inhumanidad (8).

Hoy, en la España de la segunda mitad del 2012, el entorno de ETA sigue sin condenar expresamente los crímenes de la banda, aún más, los justifica homenajeando a terroristas sanguinarios y no arrepentidos. Un informe entregado por la asociación Dignidad y Justicia al Fiscal General de Estado en julio 2012, al cierre de este artículo, enumera 23 casos en los que Bildu ha equiparado sistemáticamente a las víctimas de ETA con los terroristas, ha realizado 29 actos de ensalzamiento de etarras y cinco presuntas legitimaciones del terrorismo, entre otras conductas denunciadas.(9)

El informe recoge casi 90 indicios de Bildu que, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional (TC), constituirían indicios suficientes para iniciar un proceso de ilegalización.

Entre los indicios, destaca el hecho de que la coalición ha situado a una veintena de miembros de Batasuna en los distintos ayuntamientos en los que gobierna para desempeñar labores como altos cargos, asesores o personal de confianza, algunas de estas personas, fueron condenadas y, según datos recabados por el Observatorio contra la Impunidad de la Fundación de Víctimas de Terrorismo, se han detectado 20 casos de nombramientos en ayuntamientos y la Diputación de Guipúzcoa.(10)

El ejercicio del derecho a la libertad de prensa pervierte su función social cuando identifica tener ideas con que éstas sean respetables. Hay ideas que llevan a justificar la atrocidad o la indiferencia ante la injusticia.

 

4 – Una llamada a la responsabilidad para periodistas.

Hoy es pertinente recordar que el mundo etarra se ha arrogado el derecho a matar y aterrorizar durante 40 años a todos aquellos que han discutido su visión del mundo, y que su entorno, al compartir dicha visión y no condenarla, ni durante ese tiempo ni en la actualidad, ha refrendado con su omisión dicho amedrentamiento masivo. Todo ello ha contribuido dramáticamente a configurar el panorama político en el País Vasco.

Habrá que estar atentos a un nuevo modelo de “proceso de paz” en el que lo que se condiciona es la paz misma, poniendo en jaque nuestra dignidad. Por eso, conviene recordar ciertas ideas básicas a los futuros profesionales de la comunicación, a la hora de afrontar, como ciudadanos y como profesionales, dicho condicionamiento.

Un Estado de Derecho encuentra el fundamento de los derechos individuales en la autoconcesión colectiva de un valor moral: la dignidad de la persona.(11) Dicho reconocimiento implica que cualquier persona pueda sentir su condición de instancia fundante, para constituir y cambiar la autoridad política siguiendo un procedimiento democrático, y que, en su ejercicio, dicha autoridad, independientemente del juego de la alternancia partidaria, proteja los derechos individuales. De esta manera, los actos del poder pueden apreciarse, dentro de ciertos límites, como el resultado de esta idea de dignidad, constituyendo un orden optimizable pero autoimpuesto.(12) Este valor moral inyecta, desde la base de las democracias liberales, un sentimiento de utilidad política enriquecedor de la autoestima de sus ciudadanos. Por ello, tanto con la negociación discreta como con la cesión encubierta hacia un entorno proterrorista, se subvierte el orden democrático liberal, menoscabando la dignidad de los ciudadanos.

Sólo un ignorante o un mentiroso (no olvidemos la resonancia positiva del concepto diálogo) puede defender que “integrar en el diálogo” es una estrategia éticamente presentable con una banda de terroristas. ¿Acaso se actuaría de igual manera con el entorno de un hipotético grupo neonazi que hubiese practicado asesinatos y extorsiones? ¿Qué otra cosa ha existido en España en las últimas décadas que un sistema político construido sobre un ideal dialógico, como es la democracia liberal? ¿El mundo etarra lo desconocía cuando mataba y aterrorizaba a miles de personas? El Diálogo es un instrumento ético que implica un contexto de respeto por ciertas condiciones que posibilitan una comunicación argumentativa y razonada, algo que exige de reconocimiento paritario y recíproco de los participantes, condición aborrecida por los partidarios de la ideología radical nacionalista.

Por las razones expuestas, impulsar el “proceso de paz” desde concesiones al mundo etarra, lo hace avanzar al precio de la indignidad. Es muy cuestionable, por ejemplo, haber concedido estatus jurídico de partido político a un grupo que sigue sin condenar sin fisuras los atentados de ETA, considera a etarras encarcelados como héroes represaliados y mantiene monumentos y nombres de calles a los miembros de la organización terrorista en localidades gobernadas por Bildu. Esta situación, de no interferirse, simbolizaría el triunfo de la violencia sobre la democracia y el premio al criminal perseverante que renunciara a propagar el terror a cambio de un precio. Es el resultado de una estrategia en la que se conceden ventajas al mundo de ETA para que “nos permita gozar de nuestros derechos”, algo que pervierte su fundamento moral, pues conceder algo de lo que ETA exige, es dar ese algo a quien te mata para que te perdone la vida, convirtiendo el ejercicio de los derechos en una concesión del asesino.

Una democracia en la que se ignora el dolor de las víctimas, el acobardamiento de la sociedad vasca y la amenaza sobre la sociedad española en su conjunto durante 40 años, es una democracia en la que los valores básicos cederían en beneficio de una pretendida integración de patriópatas que han celebrado la muerte, las mutilaciones y el terror de quiénes les han llevado la contraria durante 40 años. Estaría enferma desde la base pues aceptaría una entrega de su dignidad a cambio de que les den lo que pidan, porque así nos dejarán en paz.

 

5-    Dos planteamientos inaceptables.

La evaluación ética de una solución al terrorismo, así como de la estrategia que hace frente a la ideología que lo subyace, debe argumentarse conectándola con el sistema de valores que le sirva de referencia y que se pretendan priorizar. Se me ocurren dos posturas profundamente erradas y, para el caso que nos ocupa, gravemente perturbadoras de la función social atribuida en un Estado de Derecho a la labor periodística:

1-    Postura enfáticamente nacionalista. La cesión resulta aceptable porque los etarras, tenidos por una modalidad radical de patriotas, no deben ser castigados como si de criminales normales se tratara. Se sintetiza en dos puntos:

– Existe un “conflicto político” anterior a ETA, derivado de la atávica aspiración nacionalista al autogobierno, la archirrepetida “liberación nacional” de Euskadi.

– ETA, aunque utilizando el terror como medio, ha pretendido conseguir dicha “liberación”.

Este planteamiento, en el que se prioriza el supuesto “derecho del pueblo vasco” por encima de los derechos de las personas, se sostiene, en mayor o menor medida, sobre la idea de que ETA ha matado reivindicando un objetivo político equiparable en altura ética a cualquier otro derecho fundamental: la libertad para Euskadi. Por ello, los etarras son asesinos-víctimas por cuanto sufrían la conculcación de un derecho tan fundamental como el derecho a la vida. De esta manera, sus crímenes no pueden tener idéntica consideración que los de una banda de mafiosos. De este sumidero moral procede la alergia hacia los miles de vidas rotas por ETA, justiprecio a la causa de la que ETA y el entorno nacionalista se han beneficiado. De acuerdo con los contravalores priorizados, los españoles (incluyendo vascos no nacionalistas) estamos en deuda con la “nación vasca”, una deuda que debe ser pagada a través de una negociación que favorezca mediante cesiones al mundo etarra, oculte sus víctimas y minimice la importancia de la decena de treguas rotas por parte de ETA.

2 – Debe alcanzarse la paz a cualquier precio. Esta postura defiende que deben concederse beneficios al mundo etarra sin exigirles arrepentimiento ni condenas directas alusivas a su pasado e ideología. Todo sea por una paz “absoluta”, indiferente hacia las víctimas, ajena hacia la situación de predominio de una radicalidad nacionalista triunfante en el País vasco e instigadora de hostigamiento hacia quien denuncie tamaña impostura, por “negarse a la paz”.

La indignidad de un proceso que consiguiese el fin de ETA en estas condiciones es más que evidente. El rebajamiento de la dignidad colectiva que supone la sola negociación antes explicado, el dolor irreparable de las víctimas sin restaurar, el acobardamiento no compensado de la sociedad vasca no nacionalista y la amenaza sobre la sociedad española en su conjunto durante 40 años, exigen algo más que el logro de una paz en la que jactanciosos criminales obtendrían ventajas por renunciar a la ilegalidad a cambio de un precio. Sería este un proceso indigno, porque tendría, sí, la paz como objetivo, pero a cambio de ofrendar en el altar del verdugo la dignidad de los españoles. ¿Qué clase de dignidad colectiva puede reclamar una sociedad que dice perdonar a monstruos que no piden perdón, y que facilita su retorno a la sociedad para que adquieran cuotas de poder y paseen su orgullo malsano ante su apoyo social y, lo que es peor, ante sus víctimas?

El llamado “proceso de paz con ETA” pudiera estar apoyado en una estrategia política consistente en aprovechar una ideología relativista acomodada a la crisis de valores de la sociedad española. Una negociación que se ha podido sostener a costa de erosionar la base del razonamiento liberal democrático, sostenido sobre valores superiores en cuya defensa el valor paz adquiere sentido, sustituyéndolo por un camuflado dogmatismo relativista que propugna “paz a cualquier precio”.

El periodista, en aras a su responsabilidad social, debería contrapesar con su labor crítica la influencia de una ideología social relativista, desde la cual se defiende que “es conveniente ceder al mundo de con ETA aunque ponga condiciones para la paz”. El mensaje deshumanizador de esta monstruosidad diluye el sentimiento de indignación por la atrocidad y muestra impiedad frente a la injusticia. La fraternidad y el compromiso cívico ciudadano corren peligro de desintegrarse con esta minimización insolidaria del sufrimiento ajeno.

 

NOTAS

(1) SORIANO, R. Las libertades públicas. Técnos. Madrid, 1990, p. 140.

(2) DE CARRERAS SERRA, L. Las normas jurídicas de los periodistas. Derecho español de la información. Ed. UOC. Barcelona, 2010. Pág. 47.

(3) DE CARRERAS SERRA, L. Las normas jurídicas de los periodistas. Derecho español de la información. Ed. UOC. Barcelona, 2010. Pág. 291.

(4) Robles, G. Fundamentos de Teoría comunicacional del derecho. Volumen I. 3ª ED. CIVITAS. Madrid, 2010. Pág. 330.
(5) ROBLES, G. Los derechos fundamentales y la ética en la sociedad actual. CIVITAS. Madrid, 1988. Pág. 100.

(8) SAVATER, F. La tolerancia, institución pública y virtud privada. CLAVES DE RAZON PRÁCTICA. SEP. 1990, Nº5. Pág. 30.

(9) La Razón, 17 Julio 2012. http://www.larazon.es/noticia/3374-eta-mantiene-operativos-a-50-terroristas-en-francia

(10) Libertad Digital. 17. Julio. 2012. http://www.libertaddigital.com/nacional/2012-07-17/dignidad-y-justicia-lleva-a-la-fiscalia-casi-90-indicios-para-ilegalizar-bildu-1276464105/

(11) MARINA J.A. Y DE LA VALGOMA, M. La lucha por la dignidad. ANAGRAMA. Barcelona, 2000. PÁGS. 253 y ss.

(12) FERNÁNDEZ, E. La obediencia al derecho. CIVITAS. Madrid, 1987. Págs. 56 y 62.